Canal ético vs. canal de denuncia: ¿en qué se diferencian?

La implementación de mecanismos internos para fomentar la ética y abordar prácticas no éticas se ha vuelto imperativa en un mundo empresarial cada vez más complejo. 

Dos términos que a menudo se entrelazan, pero poseen matices distintos, son el “canal ético” y el “canal de denuncia”. Es crucial comprender las diferencias esenciales entre ambos conceptos, especialmente en un contexto de nuevas regulaciones normativas a nivel global, como la Ley 02/2023 de España o la Ley Karin de Chile (Ley 21.643).

¿Qué es un canal ético?

Brevemente, el canal ético es un sistema interno dentro de una organización que permite a empleados, clientes y colaboradores comunicar conductas contrarias a la ética de manera confidencial. 

Este mecanismo no se limita a denunciar irregularidades; también busca promover una cultura organizacional ética. Es un espacio donde se alienta a los miembros de la organización a participar activamente en la construcción y mantenimiento de un entorno ético.

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¿Qué es un canal de denuncia?

Por otro lado, un Canal de Denuncia se centra específicamente en la capacidad de informar sobre violaciones, irregularidades o comportamientos no éticos. Aunque comparte la confidencialidad con el Canal Ético, su enfoque es más estrecho y se orienta principalmente hacia la identificación y corrección de prácticas ilícitas o inapropiadas.

Las principales diferencias entre canal ético y canal de denuncia

En el entorno empresarial, resulta fundamental discernir entre el canal ético y el canal de denuncias, dos herramientas que comparten la finalidad de facilitar denuncias confidenciales, pero que operan en contextos y con obligaciones divergentes.

El canal ético se encuentra arraigado en la normativa interna de la empresa, reservado exclusivamente para empleados actuales y destinado a señalar malas prácticas o acciones que infringe el código ético interno. 

Por otro lado, el canal de denuncias se abre a cualquier individuo con vínculos pasados o presentes con la empresa, abarcando a ex-empleados, ex-directivos, candidatos, becarios, proveedores, socios o clientes. Este último se rige por la normativa del canal de denuncias, siendo de acceso público y regido por regulaciones específicas.

La obligatoriedad también marca una distinción significativa. El canal de denuncias es requisito para empresas con 50 o más empleados, extendiéndose a sectores específicos según la normativa y otras leyes, como la Ley de prevención de blanqueo de capitales. Por otro lado, el canal ético es opcional, destinado a empresas con menos de 49 empleados y sin obligaciones normativas adicionales.

A pesar de estas diferencias, ambos canales comparten aspectos fundamentales. La garantía de anonimato se extiende a ambos, permitiendo a los testigos presentar denuncias de manera confidencial. Asimismo, la posibilidad de gestionar externamente estos canales mediante un servicio externo, encargado de recibir y evaluar las denuncias, sigue siendo una alternativa válida.

Por lo tanto, la elección entre un canal ético y un canal de denuncias dependerá de diversos factores, incluyendo el tamaño de la empresa, las obligaciones normativas y las preferencias organizacionales. Ambos desempeñan roles cruciales en la construcción de entornos empresariales transparentes y éticos, contribuyendo a mantener la integridad y la responsabilidad en el centro de las operaciones corporativas.

Canal ético: un paso seguro para construir una cultura corporativa más sólida y transparente 

Más allá de ser simplemente un cumplimiento normativo, este canal se erige como un pilar esencial que no solo corrige irregularidades, sino que también contribuye a la construcción de una cultura interna arraigada en principios éticos sólidos.

Fomentando una cultura ética

El canal ético no es simplemente una caja de sugerencias para denuncias; es un vehículo activo para fomentar una cultura organizacional ética desde sus cimientos. Al ofrecer a los empleados un medio seguro y confidencial para informar sobre prácticas no éticas, se impulsa la participación activa de los miembros internos en la promoción de un ambiente donde la integridad y la responsabilidad son valores fundamentales.

Prevenir antes que corregir

La verdadera fuerza del canal ético reside en su capacidad para prevenir problemas antes de que se manifiesten. Al alentar a los empleados a denunciar irregularidades de manera proactiva, se identifican y abordan tempranamente prácticas no éticas. Esta prevención no solo mitiga riesgos legales y reputacionales, sino que también contribuye a la construcción de una imagen empresarial basada en la confianza y la transparencia.

Implicancias en la Comunicación Interna

La implementación de un Canal Ético no es solo una cuestión de cumplimiento; es una oportunidad para fortalecer la comunicación interna. 

Al crear un espacio donde los empleados se sienten seguros para expresar inquietudes éticas, se promueve un diálogo abierto y honesto. Esto, a su vez, fortalece la relación entre la dirección y los empleados, construyendo una comunicación basada en la confianza mutua.

Contexto legal en diferentes países 

España: Ley 02/2023

La Ley 02/2023 en España refuerza la importancia de implementar un canal ético, estableciendo que todas las empresas con más de 50 trabajadores deben contar con este mecanismo a partir del 1 de diciembre de 2023. La ley destaca la necesidad de accesibilidad, confidencialidad y protección del denunciante en este contexto.

Es fundamental entender que, aunque la Ley 02/2023 se enfoca en un canal ético, este debe ser diseñado para permitir denuncias específicas, ajustándose a los requisitos del Canal de Denuncia cuando sea necesario. Esto subraya la complementariedad y la necesidad de abordar ambas dimensiones en el marco de la ética empresarial.

Esto significa que, mientras que el canal ético se erige como un pilar para la construcción de una cultura ética, el canal de denuncia se posiciona como una herramienta específica para identificar y corregir conductas no éticas. 

Ambos son esenciales y, cuando se implementan de manera integrada, contribuyen a fortalecer la integridad y la transparencia en el ámbito empresarial.

Chile: Ley 21.643

La Ley Karin, formalmente conocida como Ley 21.643, se promulgó en Chile con el objetivo de abordar el acoso laboral y fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores. Esta ley surge como respuesta a un caso emblemático de acoso que afectó a Karin, una trabajadora que, tras sufrir abusos en su lugar de trabajo, se convirtió en un símbolo de la lucha contra estas prácticas.

El contexto legal de la Ley Karin se centra en varias áreas clave:

Definición y ampliación del acoso laboral: La ley establece una definición más clara y amplia del acoso laboral, incluyendo tanto el acoso físico como el psicológico. Esto permite a las víctimas tener un marco legal más sólido para denunciar estas situaciones.

Obligaciones para los empleadores: La Ley 21.643 impone nuevas responsabilidades a los empleadores, quienes deben implementar protocolos internos específicos para prevenir, detectar y sancionar el acoso laboral. Además, las empresas están obligadas a proporcionar capacitación a sus empleados sobre los derechos laborales y las formas de prevención del acoso.

Sanciones más severas: Se endurecen las sanciones para aquellos que incurran en acoso laboral. Esto incluye multas significativas y, en casos graves, la posibilidad de despido de los responsables.

Protección para las víctimas: La ley también refuerza las medidas de protección para las víctimas, como la posibilidad de recibir asistencia psicológica y el acceso a procedimientos judiciales más ágiles.